El Senado y la Asamblea Nacional ultiman una ley que da a las ciudades más herramientas para limitar los alquileres turísticos. La medida pretende proteger el acceso a la vivienda y evitar abusos en el sector del alojamiento.
El Gobierno francés dio un paso importante al aprobar una nueva ley que regula el mercado de alquileres de corta duración, especialmente los ofrecidos en plataformas como Airbnb. Tras casi dos años de debates y ajustes entre el Senado y la Asamblea Nacional, el texto final fue aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras del Parlamento, lo que demuestra el fuerte apoyo político a una regulación más estricta del sector.
La nueva ley otorga a las autoridades locales mayores poderes para limitar el número de alquileres turísticos en zonas donde la demanda residencial es elevada, contribuyendo así a combatir la escasez de viviendas.
También pretende eliminar los incentivos fiscales que antes animaban a los propietarios a convertir los inmuebles residenciales en inversiones turísticas, distorsionando el mercado de la vivienda. Según la Asociación de Profesionales del Turismo (AToP), que defiende la medida, esta normativa permitirá un uso más justo y equilibrado de la propiedad y garantizará que el turismo de corta duración no ponga en peligro el acceso a la vivienda en las zonas más afectadas.
Otro punto importante de la ley es la posibilidad de dar más autonomía a las comunidades de copropietarios para restringir o limitar los alquileres de corta duración dentro de sus condominios, fomentando un mayor control local. La legislación también incluye los «meublés de tourisme» (alquileres vacacionales amueblados) en la lucha contra los inmuebles que consumen mucha energía y no cumplen las normas de eficiencia energética.
Patrick Hayat, presidente de AToP, destacó la importancia de la nueva legislación y agradeció a los parlamentarios su esfuerzo interpartidista para elaborar un proyecto de ley equilibrado. «Se trata de una legislación que responde a las necesidades de las comunidades y previene los abusos, sin poner en peligro la economía colaborativa real», comentó Hayat.
AToP afirma que seguirá de cerca la aplicación de la ley, que todavía pasará por fases de reglamentación y aprobación de decretos para que los municipios puedan aplicar los nuevos mecanismos. La asociación afirma que se está movilizando para que las ciudades apliquen las medidas y aprovechen las nuevas herramientas para proteger el mercado de la vivienda y equilibrar el impacto del turismo de corta duración.
