Se empezó a aplicar un nuevo esquema de control migratorio que amplía de manera significativa la recolección de datos biométricos a ciudadanos extranjeros que ingresan o salen del país.
La medida entró en vigencia el 26 de diciembre de 2025 y forma parte de un conjunto de políticas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para reforzar los controles migratorios.
Con el nuevo sistema, los viajeros internacionales son sometidos de forma rutinaria a escaneos y fotografías faciales durante los procesos de control en los aeropuertos. Las imágenes se comparan con registros oficiales existentes y pueden ser almacenadas por el gobierno federal durante un período de hasta 75 años, según información difundida por medios estadounidenses.
Además, en determinadas circunstancias, las autoridades fronterizas cuentan ahora con la facultad de solicitar datos biométricos adicionales a los no ciudadanos, como huellas dactilares e incluso muestras de ADN. Esta ampliación del alcance de los controles representa un cambio sustancial respecto de las atribuciones previas de los agentes en los puntos de entrada al país.
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es la eliminación de las excepciones por edad. Hasta ahora, los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 solían quedar excluidos de la recolección biométrica. Con la modificación, personas de cualquier edad pueden ser sometidas a estos procedimientos.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que el objetivo es mejorar la aplicación de las leyes migratorias y evitar abusos del sistema. En un comunicado oficial, el gobierno sostuvo que la política busca desalentar reclamos considerados infundados y aportar mayor coherencia operativa. También aclaró que, en términos generales, la toma de datos biométricos adicionales se aplicaría a personas involucradas en procesos de deportación con causas abiertas ante los tribunales migratorios.
La ampliación del uso de tecnologías biométricas generó cuestionamientos de organizaciones de derechos civiles. Un informe de 2024 de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos advirtió que los sistemas de reconocimiento facial presentan mayores tasas de error en la identificación de personas afrodescendientes y de otras minorías étnicas.
La medida se inscribe en un contexto más amplio de cambios en las políticas de viajes e inmigración. En las últimas semanas, el gobierno estadounidense incrementó el costo del ESTA, la autorización electrónica exigida a viajeros de países incluidos en el programa de exención de visa. Además, se anunció la incorporación de cinco nuevos países a una prohibición de viajes que comenzó a regir el 1˚ de enero de 2026.
En paralelo, se evalúan nuevas exigencias de verificación de antecedentes. Una propuesta presentada por la U.S. Customs and Border Protection (CBP) plantea que los solicitantes del ESTA deban declarar hasta cinco años de historial en redes sociales, junto con números telefónicos, direcciones de correo electrónico y datos de familiares. La iniciativa se apoya en una orden ejecutiva que apunta a reforzar la seguridad nacional y prevenir el ingreso de personas consideradas una amenaza. De aprobarse esta propuesta, los viajeros provenientes de 42 países deberían someterse a controles más exhaustivos sobre su información personal antes de ingresar a Estados Unidos.
