El Mincetur planteó una reforma legal para sancionar penalmente las actividades comerciales no reguladas que comprometan el bienestar físico de los usuarios. Esta medida dotará al Estado de facultades complementarias frente al incumplimiento de las normas vigentes.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó una propuesta orientada a optimizar la seguridad de los usuarios frente a las ofertas informales del sector que comprometan su integridad, salud o vida.
La institución indicó que el proyecto se formuló dentro de la solicitud de delegación de facultades legislativas remitida al Parlamento. Asimismo, precisó que, de concederse lo requerido, la disposición establecerá sanciones punitivas para las incidencias de mayor gravedad.
Para dicho propósito, se proyecta tipificar la figura legal de “Producción de peligro en la prestación de servicio turístico”. Esta medida se aplicará a hechos que superen el marco de las faltas regulatorias ordinarias, por lo que coexistirá con las labores actuales de formalización, asesoría, control, inspección y penalización del fuero gubernamental.
El titular de la cartera, Rogers Valencia, manifestó que el planteamiento tiene como objetivo consolidar la prevención y el desincentivo ante las gestiones que funcionen fuera de los requisitos normativos vigentes en materia de habilitación, operatividad y resguardo.
“No podemos permitir que una actividad turística informal e incluso ilegal cobre vidas o ponga en peligro a los visitantes ni a ningún peruano, porque todas las vidas cuentan”, declaró el funcionario.
Adicionalmente, el representante precisó que estas determinaciones favorecerán la equidad comercial para los agentes empresariales regulados, promoviendo un catálogo de prestaciones estables para el público local e internacional.
En este sentido, se prevé incorporar la infracción de “Ensamblado, comercialización y utilización, en el servicio público de transporte turístico, de vehículos tubulares sobre chasis de otro vehículo”, con el fin de asegurar los parámetros técnicos fijados y mitigar la exposición de los usuarios y tripulaciones a contingencias derivadas del uso de unidades no aptas.
“Con esta iniciativa, el Mincetur recoge también una preocupación expresada por el sector privado para fortalecer las herramientas del Estado para proteger a los visitantes frente a actividades informales o ilegales que puedan poner en riesgo su vida e integridad”, transmitió el organismo.
La entidad detalló además que la política procura que los excursionistas accedan a entornos verificados, donde el acatamiento de las disposiciones y pautas vigentes por parte de los operadores formales actúe como el eje central de dicha dinámica.
“La seguridad del visitante es una responsabilidad compartida y una condición indispensable para el desarrollo de un turismo responsable y sostenible”, puntualizó.
El camino hacia una nueva regulación
Esta propuesta de ley nace a raíz de las últimas inspecciones realizadas por las autoridades en los principales destinos del país. Los resultados de estos controles evidenciaron la necesidad de establecer mecanismos más estrictos ante conductas de riesgo recurrente.
Entre las incidencias registradas destaca lo ocurrido en el oasis de la Huacachina, en Ica, donde se ordenó detener los paseos en carros tubulares. La sanción se aplicó tras descubrirse que los vehículos eran armados de forma artesanal y circulaban sin los certificados de seguridad obligatorios.
Paralelamente, los controles e inspecciones en las rutas de acceso a Machu Picchu, en Cusco, reportaron la presencia de ciudadanos extranjeros que ejercían labores de guiado sin la acreditación técnica correspondiente. Estas situaciones en las regiones impulsaron la búsqueda de un marco penal aplicable a las faltas de mayor gravedad.
