A puertas de un nuevo gobierno, el turismo vuelve a plantear una pregunta incómoda para Perú: ¿seguirá siendo un sector con enorme potencial o se convertirá, por fin, en una prioridad nacional?
Antes de las elecciones presidenciales de 2026, el turismo vuelve a instalarse en el debate sobre las prioridades del país. Aunque Perú cuenta con una de las ofertas más sólidas de la región, la recuperación del sector avanza a un ritmo menor que el de otros mercados sudamericanos, lo que ha reabierto la discusión sobre la necesidad de una política pública más clara y sostenida.
A diferencia de países como Chile, Brasil y Colombia, que ya superaron sus cifras prepandemia, Perú aún se mantiene cerca de un 30% por debajo de esos niveles. El contraste resulta llamativo si se tiene en cuenta que el país reúne algunos de los activos turísticos más competitivos del continente: patrimonio histórico, diversidad natural, una gastronomía reconocida internacionalmente y una cadena de servicios especializada.
Uno de los factores que explicaría esta diferencia es la falta de previsibilidad en la gestión del sector. Para operadores y viajeros, la estabilidad en las reglas de juego es determinante a la hora de planificar inversiones, programar operaciones y concretar reservas con anticipación. Los destinos que han logrado una recuperación más acelerada han apostado por marcos regulatorios consistentes y procesos más sencillos.
Otro aspecto tiene que ver con la diversificación de la oferta. Mientras otros países han ampliado sus circuitos turísticos, promovido destinos emergentes e impulsado infraestructura fuera de los principales polos de atracción, Perú continúa dependiendo en gran medida de unos pocos íconos. Esto ocurre pese a que distintas regiones cuentan con recursos y experiencias capaces de atraer nuevos flujos de visitantes.
El peso económico del turismo también alimenta este debate. La actividad figura entre las principales generadoras de divisas del país, moviliza empleo directo e indirecto y articula oportunidades para comunidades locales sin desvincularse de la protección del patrimonio cultural y natural. Sin embargo, Perú se ubica en la mitad inferior del ranking sudamericano de recepción de turistas internacionales, incluso por detrás de Colombia y Chile.
En este contexto, el próximo gobierno enfrentará el reto de definir una hoja de ruta para un sector que conserva demanda internacional y una red empresarial que ha logrado adaptarse a escenarios complejos. Entre las medidas que distintos actores consideran necesarias aparecen una autoridad con capacidad de coordinar la gestión integral de los destinos, la digitalización de trámites y sistemas de venta, una mayor transparencia en los procesos y estrategias que distribuyan mejor los beneficios del turismo en el territorio.
El caso de Machu Picchu suele citarse como una muestra de las dificultades que persisten. En 2022 se estableció que el 20% de las entradas se comercializara únicamente de manera presencial para visitas del día siguiente. Posteriormente, ese esquema se amplió hasta tres días, una decisión que ha generado dudas entre pasajeros y operadores. Para algunos analistas del sector, el desafío pasa por centralizar el inventario disponible y avanzar hacia mecanismos completamente digitalizados que ofrezcan mayor claridad.
La discusión de fondo trasciende la operación de un destino emblemático. Se trata de decidir si el turismo ocupará un lugar estratégico dentro de la agenda nacional o si continuará sujeto a medidas aisladas que dificultan una planificación de largo plazo. En un escenario regional cada vez más competitivo, la capacidad de ordenar y proyectar el crecimiento del sector podría marcar la diferencia en los próximos años.
