El nuevo reglamento modifica las compensaciones económicas por demoras en vuelos, aunque introduce más de 30 derechos adicionales para los usuarios del transporte aéreo.
Los 27 países miembros de la Unión Europea acordaron reducir las indemnizaciones que reciben los pasajeros por retrasos en vuelos comerciales, como parte de un nuevo paquete regulatorio que también contempla la incorporación de una treintena de derechos adicionales para los viajeros.
Hasta ahora, los usuarios podían exigir compensaciones de hasta 600 euros por demoras superiores a tres horas, una normativa vigente desde hace más de dos décadas. Sin embargo, las aerolíneas venían reclamando que la normativa suponía una carga financiera insostenible, estimada en 8.100 millones de euros anuales.
El nuevo esquema aprobado por los Estados miembros eleva el umbral para acceder a indemnización: para vuelos de hasta 3.500 kilómetros y dentro de Europa, los pasajeros recibirán 300 euros solo si el retraso supera las cuatro horas. En el caso de trayectos más extensos, la compensación será de 500 euros a partir de seis horas de demora.
Las organizaciones de consumidores criticaron la decisión, argumentando que la mayoría de los retrasos se sitúan entre las dos y cuatro horas, por lo que una porción significativa de viajeros perderá el derecho a reclamar.
Por su parte, las compañías aéreas, aunque aliviadas por la reducción en los montos de compensación, expresaron su descontento frente a lo que consideran un marco normativo aún más complejo que el propuesto originalmente por la Comisión Europea.
Desde el bloque comunitario se destacó que la reforma incluye importantes avances, como derechos reforzados para pasajeros con discapacidad o movilidad reducida, y la instauración de un mecanismo automático de indemnización en caso de cancelación de vuelo. Aunque algunos funcionarios reconocieron que el texto podría haber sido más ambicioso, subrayaron que representa un paso relevante hacia la mejora en la calidad del servicio aéreo en Europa. El texto deberá ahora ser discutido en el Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor.
