La propuesta de Mincetur busca aliviar cargas al turismo, pero deja preguntas sobre el ritmo de los cambios ambientales.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur) puso en consulta pública un proyecto de decreto que ampliaría hasta junio de 2030 el plazo para que actividades turísticas en funcionamiento regularicen su situación ambiental. La medida abre una discusión relevante para el sector: cómo equilibrar la formalización de la oferta turística con exigencias ambientales que muchos operadores aún no han podido cumplir.
La propuesta, publicada mediante la Resolución Ministerial N.º 094-2026-MINCETUR, recibirá comentarios hasta el 29 de abril. Está dirigida a empresas turísticas, gremios, consultoras ambientales, gobiernos regionales, municipios y ciudadanía en general.
Si se aprueba, hoteles, lodges, agencias con infraestructura turística y otros operadores que no cuentan con un instrumento de gestión ambiental vigente tendrían cuatro años adicionales para presentar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) o el Plan de Adecuación Ambiental en Turismo (PAAT), según corresponda.
El reglamento actual había fijado un plazo de tres años que vence el 1 de junio de 2026. Sin embargo, Mincetur reconoce que una parte importante de los administrados todavía no inició el proceso, lo que llevó al Gobierno a revisar los tiempos previstos.
Una prórroga que refleja los retos del turismo formal
La decisión también muestra una realidad frecuente en varios mercados turísticos de América Latina: una parte importante de la oferta todavía enfrenta rezagos en trámites técnicos, ambientales y administrativos, especialmente fuera de las grandes ciudades o en destinos emergentes.
En muchos casos, pequeñas y medianas empresas deben asumir costos de consultoría, estudios especializados, permisos locales y procesos burocráticos extensos. Para establecimientos familiares o emprendimientos rurales, esos requisitos suelen convertirse en una barrera para ingresar plenamente a la formalidad.
Desde esa perspectiva, ampliar el plazo puede reducir riesgos de sanciones, cierres o mayor informalidad en un momento en que muchos destinos todavía buscan recuperar inversión y flujo de viajeros. También ofrece más tiempo para ordenar operaciones que crecieron con rapidez durante los últimos años.
El desafío será convertir más tiempo en resultados
La extensión del calendario también plantea interrogantes sobre la velocidad con la que avanzan los compromisos ambientales del turismo peruano. Retrasar adecuaciones implica posponer mejoras en manejo de residuos, uso eficiente del agua, tratamiento de efluentes y control de impactos sobre el entorno.
Ese punto cobra mayor importancia en un país cuya oferta turística depende de ecosistemas sensibles, áreas naturales y comunidades receptoras que exigen equilibrio entre crecimiento económico y conservación.
El proyecto además contempla mecanismos para operadores que ya cuentan con Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, pero realizaron ampliaciones o modificaciones sin autorización previa. Esto puede ser relevante en destinos donde hoteles y negocios aumentaron capacidad para responder a la demanda sin actualizar expedientes regulatorios.
Para el mercado, la discusión de fondo no pasa solo por extender una fecha límite. El verdadero reto será acompañar a las empresas con asistencia técnica, financiamiento y procesos más ágiles para que la prórroga se traduzca en cumplimiento real y no en una nueva postergación.
